dijous 29 de gener de 2009

 

La Educación en forma de Autogestión

Cuando el proyecto educativo familiar no tiene cabida en ninguno de los proyectos educativos que el estado ofrece gratuitamente, se escoge -si se disponen de recursos económicos- alguna escuela privada. Si no se dispone de capacidad de gasto suficiente, o no existe ningún centro educativo que se adecúe al modelo educativo de la familia, queda un refugio: la escolarización mediante el sistema Home School (educación en casa). Ésta es la última salida que queda a los padres para llevar a cabo su proyecto educativo familiar.

Casi todos los Sistemas Educativos actualmente están construidos sobre los TERRITORIOS nacionales, y no sobre las FAMILIAS, ni sobre las personas, por un problema de origen histórico de la generalización de la educación universal en la segunda mitad del siglo XIX, que se abordó en la mayoría de países desde el estado. Los estados se dieron cuenta de que disponían de un instrumento de primera magnitud al que –desde entonces- ningún político quiso ni quiere renunciar. La propuesta es que el Sistema Educativo no debería ser exclusivamente TERRITORIAL, sino EXTRA-TERRITORIAL. En la actualidad española hay una pseudo-elección absolutamente restrictiva, encorsetada y dirigida. Sólo se puede optar entre pública y concertada, si se quiere la gratuidad de la enseñanza[1].

Obviamente, el alumnado no pertenece al estado –como si de un ejército se tratase- ni a los administradores de los centros educativos, sino que son los progenitores los titulares del derecho a la educación y del deber de ejercerlo. El estado, en su intento de resolver el “bienestar” de todos, se ha apropiado indebidamente del derecho de educar, invadiendo el campo correspondiente a los padres, sea por abdicación de éstos, sea por comodidad, por ignorancia, etc. En algunos casos, el estado utiliza la coacción económica –“si quieres hacer lo que te dé la gana en educación, te lo pagas”- como principal arma para retener a los ciudadanos dentro del SE del estado.

El modelo alternativo de educación en casa como sistema de formación personalizada global e integral debería estar tutelada por la UNESCO. De hecho, en la actualidad, ya existe en Ginebra una entidad que gestiona los títulos internacionales. Es una entidad privada que se independizó de la Unesco e interactúa con los centros docentes convencionales. Se trataría de crear una organización internacional de las mismas características que la que gestiona los estudios internacionales –como, por ejemplo, el Bachillerato Internacional-, pero que interactuara directamente con las familias. Se podría pensar –a nivel organizativo- en algún sistema de coordinación territorial. Se operaría vía internet en aulas virtuales según proyecto lingüístico. Deberá necesariamente adaptarse según los acentos específicos de cada país o zona en el que este tipo de Escuela Internacional Familiar Alternativa desarrolle sus actividades. Las reticencias que podría generar en una institución centenaria (colectivos de profesionales) podrían ser importantes por su carácter rompedor y desmonopolizador del Sistema Educativo tradicional de Estado.

No es un sistema alternativo disidente con el estado, sino coincidente con las necesidades educativas de la familia. Difiere del sistema educativo convencional, y, en algunos casos -como en concreto el SE español-, pretende mejorarlo sustancialmente, dados los malos resultados que se obtienen[2] y la rigidez programática, agravada por las últimas leyes y proyectos de ley. No se pretende invitar a abandonar la lucha por la defensa de los derechos civiles de los ciudadanos. Utilizar todas las vías posibles para dicha defensa es una obligación. Sucede que en determinadas ocasiones, esta lucha jurídica puede llevar un período de tiempo largo. Es por ello que disponer de instrumentos alternativos permite dar continuidad al proyecto educativo de cada familia.

Dedicarse a crear únicamente un Sistema Educativo nuevo sería una visión chata de la cuestión; lo que se propone es un Sistema de Formación Personalizada Global e Integral que puede acompañar a la familia a todas partes del mundo, y, si se quiere, durante todo el tiempo que convenga.

No sería una claudicación para pasar a sumergirse en las catacumbas ni una dejación de derechos; por el contrario, sería un mecanismo posible de ejercicio de los derechos a pesar de las legislaciones restrictivas o dirigistas.

Los avances tecnológicos, la necesaria interrelación internacional, los encorsetamientos de las legislaciones –la española en muy alto grado-, las rigideces de los sistemas educativos, las megainversiones necesarias para crear una escuela convencional, las trabas administrativas y políticas para llevarlas a término, hacen que exista un espacio claro para una escuela internacional que disponga de sus múltiples sistemas educativos.



[1] Existe alguna institución privada que imparte enseñanzas internacionales, con sede en Suiza, pero con programas y directrices propias.

[2] Ver diferentes informes PISA de comparativa de paises del mundo y cfr.Education at Glance de diferentes años.


 

La Internacionalización de los Sistemas Educativos: Una Bolonia para Primaria y Secundaria

El informe PISA y el sistema educativo

El ampliamente difundido Informe Pisa aporta datos interesantes que marcan tendencias, pero no son suficientes para poder comparar de manera equivalente sistemas educativos. El modelo finlandés, uno de los grandes idealizados en el Informe, indudablemente no obtendría los mismos resultados si se aplicara en nuestro paí­s. Existe una correlación entre la excelencia educativa y el nivel de gasto público. Algunos aspectos a revisar en un futuro inmediato hacen referencia al propio Sistema Educativo Español.

El sistema educativo español es extremadamente rí­gido. La planificación está por encima de todo. Los currí­culos son marcados y pensados para estudiantes medios o, lo que es lo mismo, hechos para que nadie sobresalga: repetir cuesta, y para avanzar curso se necesitan autorizaciones de alto nivel.

El sistema de evaluación es de los peores que existen en Europa. Hay países de la UE, como Francia, que tienen un sistema de ponderación por coeficientes. Un estudiante, a pesar de que se encalle en alguna asignatura, si la media global supera el cinco, aprueba el curso sin hipotecas para el siguiente. En cambio, nuestros alumnos pueden estar arrastrando asignaturas año tras año. Éste es el verdadero fracaso de nuestro sistema educativo: va frustrando a gente, se les va aparcando dentro del sistema –sin posibilidad de alternativa en los niveles obligatorios-, y no permite que los jóvenes se ilusionen por temáticas concretas.

Los profesores han de impartir todo el temario sin detenerse un momento. En muchos paí­ses la administración marca unos contenidos mí­nimos –pocos, pero claros-, y el tiempo restante depende del propio centro docente y del profesor mismo. En nuestro sistema hay tanto impuesto por una y otra administración que no se llega ni a cumplir los objetivos. Todo se hace deprisa: no queda espacio para la innovación ni la creatividad -a menos que el profesorado dedique su tiempo extra-laboral-.

Se le puede llamar LOGSE, LOCE, LOE o Ley Catalana de Educación; pero si todo el contenido legislativo se centra en la planificación –y ésta no se modifica para favorecer la libre elección de proyecto educativo-, y se obvian los verdaderos retos de la educación, no tenderemos nunca a la excelencia educativa que necesita nuestro paí­s.

¿Qué ocurrirá con el plan de Bolonia de las universidades? La eclosión de distintos proyectos educativos de origen diverso al del propio estado, ¿situará a los alumnos de diversas procedencias de forma equitativa ante la universidad? No pienso que el plan Bolonia se haya desarrollado adecuadamente en este país. Se han dejado mucho las actuaciones para el último día, con el consiguiente descrédito y tensión para las universidades y sus alumnos y profesores. Se podría afirmar que éste es en general el país de la improvisación y del parcheo.

Una Bolonia para Primaria y Secundaria

A partir del año 2008, los alumnos que han estudiado en Sistemas Educativos de otros países de la UE distintos al español no tendrán que examinarse de la selectividad para acceder a la universidad española. Los alumnos de estos centros educativos que operan en España podrán también acceder directamente a la universidad española desde su sistema educativo. Estos alumnos tienen asignaturas y currí­culos diferentes, y estudian en la lengua vehicular que se considera adecuada en su sistema.

A pesar de que mucha gente lo desconoce por falta de difusión, en España opera más de un sistema educativo: el inglés, el francés, el alemán, el italiano, el japonés y un largo etcétera. También está presente la modalidad de estudios obligatorios a distancia ví­a Internet del Sistema Educativo Americano, que dispone incluso de su correspondiente programa de socialización.

Desde estas páginas quiero lanzar una idea básica para la enseñanza del futuro, que puede significar la revolución más grande que la enseñanza haya realizado desde que a finales del siglo XIX se lanzara la idea de lograr la gratuidad para los niveles obligatorios, y es, emprender un proyecto común a nivel europeo, y si pudiera ser mundial: una Bolonia para los estudios de primaria y secundaria. El camino es largo, pero debería construirse sobre una base común: la lengua vehicular (es una clave que pertenece indudablemente al ámbito de la elección de modelo cultural). La idea sería seleccionar una lengua principal y tres idiomas curriculares. La decisión de la lengua vehicular no es un tema baladí. La pluralidad del Sistema Educativo según la lengua vehicular existe sobre todo en Bélgica, con un único sistema educativo que se imparte en diferentes lenguas principales: escuelas francesas, neerlandesas y alemanas; cada comunidad lingüística tiene su propia red, administrada de modo independiente.

La nueva ley no sería lo prioritario, sino considerar que cualquier ley de educación debería ser esto: una ley de educación. No se debería mezclar con intereses de otro tipo. Pienso que la función docente, con todas sus problemáticas específicas y el desarrollo de carreras profesionales, debería tener su propia ley, preservando la Ley de Enseñanza de la importante cuestión laboral, pero diversa de la ley de educación.


 

La planificación equitativa en educación, garantía de libertad de elección.

En el estado español hay un único sistema educativo susceptible de gratuidad, pero en la sociedad existen diferentes proyectos educativos para nuestros hijos e hijas.

Existe el proyecto educativo de la familia -del que nadie habla y del que probablemente pocos titulares del derecho tengan conciencia-: es el primero y básico.

Existe un proyecto educativo del centro docente, cada vez más desdibujado y condicionado por las administraciones públicas (municipios, comunidades autónomas y el propio estado).

Existe el proyecto educativo de las propias administraciones públicas. Son estos proyectos educativos institucionales los que en este momento se imponen a la sociedad mediante dos mecanismos primarios: la planificación escolar y la ordenación curricular. El estado condiciona y conduce el sistema, legislando, ordenando e inspeccionando el 100% del sistema educativo español. Las administraciones públicas son también empresarios públicos del 80% de los centros docentes, y además intervienen mediante actuaciones diversas –directas o indirectas- en la mayoría de los centros privados.

El razonamiento de la gran mayoría de gobernantes es grosso modo éste: tengo un instrumento para moldear al futuro ciudadano; todos deben pasar por este molde; luego utilizo el mecanismo para mis intereses, procurando que nada ni nadie quede fuera de mi radio de acción y que parezca que es plural y democrático: “conseguir el efecto sin que se note el cuidado”[1].

La planificación de las plazas escolares en algunas comunidades autónomas no ha evolucionado ni se ha adaptado a los nuevos tiempos. ¿Acaso el estado gestiona peor? Opino que no. El problema principal es que no evolucionar la técnica de planificación probablemente le permite imponer su proyecto educativo a las familias en el territorio donde ejerce. 

En cualquier caso, el proyecto educativo pertenece a la familia y no debería ser propiedad del centro docente, y, todavía menos, del estado. En función del proyecto educativo de la familia para los hijos e hijas, se busca la escuela que pueda proporcionar los mecanismos más apropiados para llevar a término este proyecto educativo, procurando encontrar aquélla que tenga un proyecto similar al que se quiere para su educación completa como persona y miembro de una sociedad. El problema está en que los gobernantes tienen su propio proyecto educativo para los hijos e hijas de su nación -como si los niños y niñas fueran del estado-: aquí está el conflicto que se debe superar.

Sin ir más lejos, recientemente, un juzgado de Barcelona falló a favor de unos padres que demandaron a la Generalitat de Cataluña por impedirles ejercer el derecho a escoger el tipo de educación que deseaban para su hija. Ellos querían llevarla al colegio concertado Llissach, de Santpedor (Barcelona), con cuyo proyecto educativo se identifican, pero la administración educativa, alegando razones “materiales y presupuestarias”, inscribió a la niña en un centro público de reciente creación, donde estuvo todo el curso pasado. La sentencia recoge que debía prevalecer la elección de los padres, y ordenó escolarizar a la pequeña en la escuela deseada por sus padres.

Los argumentos de la administración educativa se centraban en la legitimidad de negar la elección de escuela por necesidades de la planificación escolar. En este caso, las razones de la administración eran que en dicho municipio había plazas públicas libres, y mientras no se cubrieran las plazas públicas no quería ampliar la oferta de plazas en centros concertados. (Cfr. Sentencia 247  de 10 de septiembre de 2008 del Juzgado Contencioso-administrativo número 8 de Barcelona).

Viene a mi memoria una conversación que tuve con el que fuera Consejero de Educación de una CA, en la que me decía que tenían el objetivo político de reducir el peso de la escuela concertada -que entonces constituía más del 40% del total- al 25% para dicha CA. La posición de la administración pública actual –y la de la pasada también, por desidia- en España es la siguiente: se deben planificar los recursos para no despilfarrar, y si quedase una plaza vacante en la escuela de titularidad pública, ésta se debería asignar a alguien antes de destinar recursos adicionales para nuevas plazas escolares concertadas. Otra posición legítima posible sería dar prioridad a la libertad; que la planificación no pase por delante de la elección de proyecto educativo y consecuentemente del centro docente: el método no puede suplantar al objetivo.

El fallo judicial estableció que los criterios de organización no pueden prevalecer sobre lo que dispone el art. 27.3 de la Constitución Española (CE): “Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. Ciertamente, precisa la juez, María Rosa Gutés, ese derecho no es el de la libre elección de centro, que no está garantizada por la CE. Ahora bien, continúa, “para que la imposición a los padres de un centro distinto al elegido no vulnere el art. 27 de la CE, es preciso que el centro impuesto garantice una formación equivalente a la que habían elegido”. Y eso no ocurre con el colegio público en cuestión, porque no tiene un proyecto educativo conforme con las convicciones de los padres demandantes.

De todas formas, esta sentencia judicial no zanja en absoluto la cuestión, ya que la sentencia habla de cuestiones de organización, cuando la Constitución Española en el mismo apartado de derechos fundamentales al que alude dicha sentencia, en su art. 27.5 afirma que “los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes”.

 

Sistema de asignación de plazas

El estado o la comunidad autónoma establece sistemas de puntos en función de diferentes parámetros: proximidad de la vivienda al centro escolar (como criterio principal), presencia de hermanos en el centro, y dependiendo de las comunidades autónomas, una variedad y casuística bastante amplia. Es la Administración la que adjudica las plazas disponibles, coincidiendo el momento de la matrícula prácticamente con el inicio de curso. Generalmente, una considerable improvisación conduce este proceso, dando lugar a descompensaciones, enfados, denuncias entre padres por empadronamientos aparentemente indebidos, impelidos por el propio modelo de “planificación”, que de hecho es de “mala planificación”.  

Para ser ecuánimes, cabe plantearse si esto pasa sólo en España o también sucede en otros países. Si comparamos con Inglaterra, vemos que el sistema de asignación de plazas no es demasiado diferente. En el Sistema Educativo Inglés existe una red de centros públicos laicos y una red de centros públicos religiosos. Los criterios de asignación de plazas (los puntos) los determina cada centro. Por poner un ejemplo, en una escuela pública religiosa, uno de los criterios básicos para la obtención de puntos en la asignación de plazas es estar bautizado. Si la criatura está bautizada, tiene unos puntos, si ha sido bautizada durante los primeros seis meses desde el nacimiento, más puntos. Ya se ve que este problema de la asignación de plazas escolares no es un problema menor para nadie. Y, si no, que se lo pregunten a los padres que para obtener puntos adicionales y garantizar la plaza en el colegio elegido, han llegado a empadronarse en un garaje alquilado, cercano al centro docente, durante un breve período de tiempo.

Para no llegar a estos extremos, una posible solución de tipo económico bastante definitiva, punto de encuentro y de acuerdo, y clave para la armonía entre la planificación necesaria y la libertad de elección de proyecto educativo, pasaría por realizar una reserva vinculante en la escuela que la familia haya elegido de acuerdo con su proyecto educativo seis años antes de la escolarización obligatoria; es decir, al nacer se inscriba a modo de empadronamiento escolar. Con tres, seis o doce años por delante, la planificación puede hacer posible la existencia de las plazas de acuerdo con la demanda para determinados proyectos educativos concretados en centros docentes: la libertad de elección de centro se podría garantizar casi totalmente. La reserva podría ser permanente y, en determinadas condiciones y por determinadas causas, se procedería al traslado de plaza (cambio de domicilio, modificación del proyecto educativo de la familia…). Se podría pasar entonces a turno de espera cuando el centro quedase pendiente de ampliación de la oferta por exceso de demanda, con los criterios convenientes que se establezcan. La puesta en marcha podría ser progresiva o inmediata. También se podría utilizar este mecanismo para la creación de nuevos centros docentes. A libertad de elección por la planificación equitativa. Ésta es la única solución posible para todas las opciones.

Con esta propuesta sería posible encontrar por primera vez un espacio posible de acuerdo –con muchas menos fricciones- entre planificación educativa y libertad de elección de centro docente, que pasa a ser libertad de elección de proyecto educativo familiar.

Los recursos se gestionarían mucho mejor, y se eliminaría sustancialmente la improvisación de los barracones, espacios multiusos, aulas polivalentes… Las matrículas no planificadas pasarían a la cola del sistema de asignación de plazas, y sería necesario que todo ello se realice de acuerdo con el principio de subsidiariedad. Para quienes no optasen por ninguna escuela en el momento del empadronamiento, podría utilizarse –por ejemplo- el criterio de asignación administrativa por proximidad al domicilio.

Con todo lo dicho, se subsanaría lo que la Juez del Caso Santpedor sentencia: “la oferta educativa debe ajustarse a la demanda, haciendo una prospección previa si es necesario, en lugar de ofertar unas plazas que luego no se pueden cubrir, como ocurre en el municipio de Santpedor, por razones que la demandada [la Generalitat] no debería despreciar”.

La solución de elegir proyecto educativo o centro docente en el momento de  empadronar a la criatura, permitirá reducir al máximo el problema existente entre planificación y libertad de elección de proyecto educativo. La sentencia de Santpedor afirma respecto a los poderes públicos: “la opción religiosa y moral es básica cuando de educación se trata”. Y, por eso, no se puede despreciar “por razones tan prosaicas como la del respeto a unos cupos fijados en función no de la demanda real de los padres, sino de las preferencias de la administración educativa por un determinado modelo de escuela”.

Ciertamente, hay que organizar las plazas para asegurar la escolarización de todos los alumnos, pero el derecho superior de las familias con respecto a la orientación moral y religiosa de la enseñanza constituye un límite a la discrecionalidad de la autoridad educativa para distribuirlos en los distintos centros.



[1] Felipe V, 1717: 'Carta del Rey a los Corregidores'


divendres 9 de gener de 2009

 

Contribución de la Administración Autonómica a la gratuidad.Comparativa entre Autonomías.


Lluís Girbau. Doctor en administración y dirección de empresas por ESADE.

La cuestión de la gratuidad

La Constitución Española garantiza a todos los ciudadanos la escolarización obligatoria en condiciones de igualdad y de gratuidad. Lo que no dice la Constitución es que sólo se pueda acceder a la gratuidad de la educación obligatoria cursando el Sistema Educativo Español. El concepto de “sistema” en este artículo se podría sustituir por el de “modelo”. Se podría hablar entonces del “modelo educativo español”. El estado español no financia en su territorio a centros educativos que impartan un modelo educativo diferente al español –obsérvese que se financia al centro educativo que imparte el modelo educativo establecido por el estado, y no se financia al alumno, que es el titular del derecho-. En el mismo sentido, el gobierno español financia los centros públicos que imparten dicho modelo educativo en otros países, como, por ejemplo, el Liceo español en Andorra o el Liceo español en Parí­s. En el año 2006 se destinaron 109,4 M € para la enseñanza del Sistema Educativo Español no universitaria en el exterior.

Si observamos la actuación del estado francés, se constata que fundamentalmente no difiere de la actuación del estado español. El estado francés financia y gestiona su modelo educativo público tanto en su territorio como también en otras zonas del mundo, como los Lycées de Andorra o de España. En el caso francés, ni se financian otros modelos educativos no franceses ni tampoco a los centros privados que imparten el modelo francés en su propio territorio. Esto último, en la actualidad está cambiando.

En España, también la enseñanza obligatoria únicamente es gratuita o subvencionada en centros educativos que impartan el modelo Educativo del estado, en este caso el español. La cuestión de la elección de proyecto educativo queda muy limitada al proyecto educativo de centro, ya que el modelo educativo lo establece el estado. Una pequeña muestra del conflicto que genera este tipo de actuaciones públicas es la nueva asignatura curricular obligatoria de Educación para la ciudadanía. Esta asignatura figuraba como objetivo básico de la Fundación CIVES -Plataforma Ciudadana por una Sociedad Laica-. Como se puede observar, el conflicto generado surge del poder del estado sobre la estructuración del sistema educativo, concretado, en última instancia, en la expedición de los títulos educativos que se atribuye en exclusiva el estado. Éste fue el argumento que se esgrimió por parte del gobierno a quienes objetaban: “quien no curse la asignatura no obtendrá el título de la ESO y por tanto, no podrá continuar sus estudios de secundaria post-obligatoria”.

La gratuidad no deberí­a estar condicionada al hecho de cursar un determinado Sistema Educativo de un estado concreto, y mucho menos cuando este Sistema Educativo no permite escoger entre un extenso abanico de opciones que se ajusten a los diversos proyectos educativos familiares que la sociedad demanda. Una familia deberí­a poder escoger gratuitamente el modelo educativo que considere mejor para sus hijos e hijas. Actualmente en España sólo hay dos opciones sistémicas: o apuntarse gratuitamente al Sistema Educativo Español único e imperante del estado (en centro público o concertado) o elegir el Sistema Educativo español privado o el de otro país alternativo pagando por la escolarización. Es decir, que para elegir otro modelo hay que pagar, a pesar de cumplir con los impuestos en España. Volvemos a tener un conflicto que tiene que ver con la libertad de elección, pero que en este caso fricciona con el modelo de ciudadano que unívocamente quieren moldear determinados estados. Siempre existe la solución alternativa, al margen del estado, de la educación en el marco internacional de la Unesco o la educación en casa.

Durante mucho tiempo –y sigue también en la actualidad- se han venido dedicando esfuerzos y elucubraciones para averiguar el coste de la plaza escolar. Siento desengañar al lector, puesto que esta tarea ingente no ha sido correctamente enfocada. Si se habla de coste de la plaza escolar, cada cual sabe lo que paga, de acuerdo con lo que recibe, y asunto concluido. El tema básico seria averiguar la contribución o el esfuerzo económico que realiza cada administración pública -principalmente autonómica- para hacer efectivo el derecho constitucional de  gratuidad de la plaza escolar obligatoria.

De todas las administraciones autonómicas españolas, las de Andalucía y Madrid son las que menos esfuerzo realizaron para alcanzar la gratuidad efectiva. El esfuerzo para la gratuidad se refiere a las plazas de infantil, primaria y secundaria. En los cuadros se refleja el esfuerzo efectivo realizado (gasto e inversión) por cada CA. Se incluye la inversión pública autonómica en centros docentes públicos.

La mayoría de las administraciones educativas deberían destinar cerca de un 40% más de presupuesto en estas etapas para alcanzar los estándares europeos del 6% del PIB.


Niveles de Infantil y primaria

CUADRO 1

INFANTIL Y PRIMARIA
Esfuerzo TOTAL CCAA gratuidad escolarTOTALExceso/Dèficit   Menos recursosDèficit  € por plazaTOTAL
RECURSOS por plaza PúblicaConcertada CCAAConcertada RECURSOS
CCAA CCAA RESPECTO plaza concertada CCAA CCAA
destinados   6% PIB EUROPArespecto RESPECTO por plaza
COMUNIDAD AUTONOMAa plaza pública (3.862€/plaza )plaza pública6% PIB ESPAÑAconcertada
ANDALUCIA2.126 €              2.373 €                  1.489 €                     470 €              1.959 €     1.903 €
MADRID2.201 €              3.044 €                     817 €                     924 €              1.741 €     2.120 €
MURCIA2.286 €              2.554 €                  1.307 €                     657 €              1.965 €     1.897 €
Comunidad VALENCIANA2.581 €              2.910 €                     952 €                     673 €              1.625 €     2.237 €
ARAGON2.619 €              3.228 €                     633 €                  1.152 €              1.785 €     2.077 €
MEDIA ESPAÑA2.651 €        3.145 €               716 €           1.010 €          1.726 €  2.135 €
CATALUNYA2.675 €              3.209 €                     653 €                  1.010 €              1.663 €     2.199 €
RIOJA2.706 €              3.110 €                     752 €                  1.042 €              1.794 €     2.067 €
EXTREMADURA2.803 €              3.145 €                     717 €                  1.250 €              1.967 €     1.895 €
ASTURIAS2.915 €              3.464 €                     397 €                  1.247 €              1.644 €     2.217 €
CASTILLA LA MANCHA2.972 €              3.234 €                     627 €                  1.288 €              1.915 €     1.947 €
CASTILLA LEON3.032 €              3.593 €                     268 €                  1.510 €              1.778 €     2.083 €
BALEARES3.035 €              3.749 €                     112 €                  1.658 €              1.771 €     2.091 €
CANARIAS3.126 €              3.724 €                     137 €                  2.003 €              2.140 €     1.721 €
NAVARRA3.454 €              3.957 €-                      96 €                  1.454 €              1.358 €     2.503 €
PAIS VASCO3.621 €              4.786 €-                    925 €                  2.259 €              1.334 €     2.527 €
EUROPA (6% PIB)3.862 €    
GALICIA3.870 €              4.753 €-                    891 €                  2.532 €              1.641 €     2.220 €

Elaboración propia a partir datos MEC  9 enero 2009 (estadísticas avance 2006)          Dr. LLUÍS GIRBAU MASSANA

En el cuadro 1 se refleja la contribución autonómica para los niveles de INFANTIL y PRIMARIA. Habríamos preferido distinguir el nivel de gasto de Educación Infantil desagregado del de Primaria, pero los datos no elaborados que presenta el MEC los publica agregando dichos ciclos educativos. Téngase en cuenta que el Ministerio incluye en el gasto la etapa infantil desde los 0 a los 5 años.

Es necesario comentar muy brevemente el gasto en Infantil y Primaria de las CCAA en su conjunto. Parece que el esfuerzo que se debería realizar para alcanzar los estándares Europeos implicaría un esfuerzo de casi doblar el gasto anual por plaza escolar concertada.

Se está ciertamente muy lejos de la equidad a la hora de distribuir los importes destinados a una plaza pública y a una plaza concertada para los niveles de Infantil y Primaria. En este sentido, en un futuro, la actuación debería ser lo más parecido a la que se produce en Bélgica o Holanda, donde el Estado financia por igual las escuelas públicas y las privadas. Estos estados, a su vez, otorgan amplia autonomía pedagógica a los centros docentes.

Quisiera hacer una breve referencia a las cifras medias que destina cada CA en España a la gratuidad de los niveles de Infantil y Primaria PÚBLICA en relación con los estándares Europeos del 6% del PIB. En España, se destina a dicha gratuidad una media de 3.145 €/plaza efectiva. Se deberían destinar sólo 716 € adicionales por plaza escolar efectiva para llegar a dicho estándar. En cifras absolutas para Infantil y Primaria pública equivaldría a nivel de incremento para todo el territorio español de 1.867 Millones de (310.718 Millones de las antiguas pesetas) (+22,78%). De éstos, correspondería realizar un esfuerzo adicional a la CA de Madrid de 242,4 Millones de € (40.322 Millones de las antiguas pesetas) (+26,86%). En la CA de Andalucía se debería hacer un esfuerzo adicional para estos niveles de 884 Millones de € (147.023 Millones de las antiguas pesetas) (+62,75%). Catalunya llevaría un retraso respecto al estándar europeo equivalente a 263,8 Millones de € (43.892 Millones de pesetas) para Infantil y Primaria pública (+20,35%). La CA del País Vasco invierte en la plaza escolar de Infantil y Primaria PÚBLICA un 19,3% más que el estándar Europeo. La CA que peor está es la de de Andalucía. La CA de Galicia es la que realiza un esfuerzo para la gratuidad de cualquiera de las plazas escolares de su comunidad mayor incluso que el gasto europeo. Es interesante analizar brevemente este resultado. Realmente la causa de que la media de gasto de la CA de Galicia sea de 3.870,8 €  frente a los 3.862 €  que se debería destinar por plaza según el estándar europeo, está en la disgregación rural y el tamaño de ocupación de los grupos clase. Esto contrasta  con la CA de Madrid, donde se podría argumentar que al tratarse mayoritariamente de zonas urbanas, los costes de las unidades escolares serían menores  pues presentan plena ocupación y están más accesibles y agrupadas,  y por este motivo, la media de esfuerzo global para la gratuidad de las plazas escolares  de la CA de Madrid se situaría en 2.201 €. De hecho, ya en mi tesis doctoral publicada en internet www.investiga.org se argumenta en este sentido. Los costes escolares deben ser analizados en relación a los grupos, y no en relación a las plazas. De todas formas, en su conjunto, el análisis que se realiza en este artículo sigue siendo válido, ya que se compara con el esfuerzo en relación al objetivo de gasto equivalente al 6% del PIB.

El Gasto público adicional total en España para que en los niveles de infantil y primaria la concertada llegara a niveles similares a los de la pública europea sería de un importe total de 1.843 Millones de € (306.753 Millones de ptas.) (+80,9%). Correspondería a la CA Madrid un importe de 293,7 Millones de € (+82,1%); la CA andaluza debería realizar un esfuerzo económico equivalente a 268,2 Millones de Euros (+102,9%). LA CA de Cataluña debería aportar a los niveles de Infantil y Primaria concertada el importe de 357,4 Millones de € (59.467 Millones de ptas.) (+75,6%).

Niveles de Secundaria y Formación Profesional

CUADRO 2

SECUNDARIA Y FP
Esfuerzo TOTAL CCAA gratuidad escolarTOTALExceso/Dèficit   Menos recursosDèficit  € por plazaTOTAL
RECURSOS por plaza PúblicaConcertada CCAAConcertada RECURSOS
CCAA CCAA RESPECTO plaza concertada CCAA CCAA
destinados   6% PIB EUROPArespecto RESPECTO por plaza
COMUNIDAD AUTONOMAa plaza pública(5.029€/plaza )plaza pública6% PIB ESPAÑAconcertada
ANDALUCIA3.161 €              3.937 €                  1.092 €                  2.417 €              3.509 €     1.520 €
MADRID3.188 €              4.619 €                     410 €                  2.408 €              2.818 €     2.212 €
GALICIA3.290 €              4.362 €                     667 €                  2.972 €              3.639 €     1.391 €
MURCIA3.411 €              4.223 €                     806 €                  2.523 €              3.329 €     1.700 €
MEDIA ESPAÑA3.453 €              4.476 €                     554 €                  2.523 €              3.076 €     1.953 €
ARAGON3.661 €        4.956 €                 73 €           3.029 €          3.102 €  1.928 €
CANARIAS3.678 €              4.839 €                     190 €                  3.804 €              3.995 €     1.035 €
Comunidad VALENCIANA3.687 €              4.565 €                     464 €                  2.282 €              2.746 €     2.284 €
CASTILLA LA MANCHA3.724 €              4.503 €                     527 €                  3.091 €              3.618 €     1.412 €
EXTREMADURA3.726 €              4.684 €                     345 €                  3.440 €              3.785 €     1.244 €
RIOJA3.773 €              5.154 €-                    125 €                  3.406 €              3.281 €     1.748 €
CASTILLA LEON3.796 €              4.910 €                     120 €                  2.746 €              2.865 €     2.164 €
CATALUNYA3.926 €              5.371 €-                    342 €                  3.126 €              2.784 €     2.245 €
BALEARES4.034 €              5.476 €-                    446 €                  3.410 €              2.964 €     2.066 €
ASTURIAS4.231 €              6.097 €-                1.068 €                  4.728 €              3.660 €     1.369 €
NAVARRA4.716 €              6.251 €-                1.222 €                  3.677 €              2.455 €     2.574 €
EUROPA (6% PIB)5.029 €    
PAIS VASCO5.202 €              7.476 €-                2.447 €                  4.257 €              1.810 €     3.219 €

Elaboración propia a partir datos MEC  9 enero 2009 (estadísticas avance 2006)          Dr. LLUÍS GIRBAU MASSANA

En el segundo cuadro se refleja la contribución autonómica para los niveles de SECUNDARIA y FORMACIÓN PROFESIONAL. Nos hubiera parecido más adecuado distinguir el nivel de gasto de educación secundaria obligatoria desagregado del de secundaria post-obligatoria, pero los datos no elaborados que presenta el MEC aparecen agregando dichos ciclos.

Es muy relevante el GAP que existe en todas las CCAA entre el nivel de gasto efectivo destinado a una plaza pública de secundaria y el nivel de gasto público destinado a una plaza concertada de secundaria. Mientras la media española de gasto público que las CCAA destinan a una plaza pública es de 4.476 €/plaza efectiva, el gasto medio destinado por las CCAA a las plazas concertadas se sitúa en los 1.953 €/plaza efectiva. Una razón importante viene determinada por las condiciones laborales del profesorado. Mientras en la escuela pública se realizan 18 horas lectivas semanales, en la concertada se realizan 24 horas lectivas semanales. La productividad es mucho mayor en la concertada.

Conviene hacer una referencia a las cifras medias que en España se destinan en cada CA a la gratuidad de los niveles de secundaria PÚBLICA en relación con los estándares Europeos del 6% del PIB. En España se destina a dicha gratuidad una media de 4.476 €/plaza. Deberían destinarse 554 € adicionales por plaza escolar para llegar al estándar europeo del 6% del PIB. Esto es equivalente a 1.150 Millones de € (191.273 Millones de las antiguas pesetas) (+13,5%)  De éstos, corresponderían a Madrid 91,2 Millones de € (15.167 Millones de las antiguas pesetas) (+9,56%), y Andalucía debería hacer un esfuerzo adicional, para llegar a estos niveles de excelencia, de 529,9 Millones de € (88.163 Millones de las antiguas pesetas) (+30,71%). Cataluña cumpliría el estándar Europeo y lo superaría en 94,35 Millones de € (15.698 Millones de pesetas) (superando al estándar europeo en un 7,43%) para la educación secundaria  pública. La CA del País Vasco invierte en la plaza escolar de secundaria PÚBLICA un 35,27% más que el estándar europeo, y la CF de Navarra un 20,24% más. La CA que peor está en estos términos es la de Andalucía.

El Gasto público adicional total en España para que la concertada llegara a niveles similares a la europea debería ser de un importe total de 3.223 Millones de € (536.233 Millones de ptas.) (+157,5%). Correspondería a la CA Madrid un importe de 379,3 Millones de € (+127,4%), la CA Andaluza debería realizar un esfuerzo económico equivalente a 637,4 Millones de Euros (106.053 Millones Ptas.)(+152,2%) para la secundaria concertada. Cataluña debería aportar para los niveles de secundaria concertada el importe de 517,7 Millones de € (86.130 Millones de ptas.) (+124,0%). La CA que está más lejos de la convergencia europea para las plazas concertadas de secundaria es Extremadura, que debería aplicar un incremento de presupuesto del 304,29% para las plazas de secundaria concertadas.

Para llegar al nivel del 6% del PIB del importe que el estado dedica a educación, también sería necesario incrementar el Gasto en Enseñanza no universitaria de otras administraciones diferentes de las CCAA en  1.873 Millones de €.

¿De dónde salen las cifras? El PIB español fue de 980.954 M€. Si las administraciones públicas en su conjunto, destinaran a la enseñanza el 6% del PIB, se debería haber destinado 58.857 Millones de € para educación en todos sus niveles universitarios y no universitarios. La realidad es que se destinaron en su conjunto un importe de 40.410 Millones de €. De éstos, 21.817 Millones de € se destinaron al conjunto de Enseñanza no universitaria infantil, primaria, secundaria, bachilleratos y formación profesional. De éstos, 10.479 M se emplearon en financiar los niveles de Infantil y primaria (2.280 M € a plazas concertadas). Se destinaron a toda la secundaria y a Formación Profesional, los importes de 11.338 Millones de € (2.046 M € a plazas concertadas). Para que estos niveles de enseñanza no universitaria representaran el 6% del PIB, se deberían haber destinado 31.774 M(9.957 M € adicionales: repartido por un lado en un esfuerzo por parte de las CCAA de 3.711 M € para los niveles de infantil y primaria y  4.372 M € más para las plazas de secundaria y formación profesional, y repartido por otro lado, en un esfuerzo adicional de las otras administraciones públicas de 1.873 M €). O lo que es lo mismo, 4.900 M € adicionales para los gastos e inversiones referidos a las plazas públicas y 5.000 M € para los gastos e inversiones de plazas concertadas. Recordar que se han destinado a inversión en las plazas públicas la cantidad de 1.873 M € (803,6 a infantil y primaria y 824,7 M € a secundaria y formación profesional) mientras que a las plazas concertadas no se ha destinado ninguna cantidad correspondiente a inversiones. Es por este motivo que el importe adicional de las plazas concertadas incorpora esta circunstancia.

De estas cifras se deduce que el nivel de gasto medio en España es muy inferior al estándar europeo establecido en general y afecta de una manera muy precisa en las plazas privadas. Esto repercute en las familias que eligen este tipo de centros educativos, con la consiguiente necesidad de aportaciones económicas. Tampoco en la escuela pública la financiación está bien resuelta respecto al horizonte europeo: debería incrementar el gasto público selectivamente en función de los niveles educativos y de la comunidad autónoma de que se esté analizando. 


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