dijous 12 de febrer de 2009

 

El sistema de asignación de plazas escolares a revisión

El estado o la comunidad autónoma establece sistemas de puntos en función de diferentes parámetros: proximidad de la vivienda al centro escolar (como criterio principal), presencia de hermanos en el centro, y dependiendo de las comunidades autónomas, una variedad y casuística bastante amplia. Es la Administración la que adjudica las plazas disponibles, coincidiendo el momento de la matrícula prácticamente con el inicio de curso. Generalmente, una considerable improvisación conduce este proceso, dando lugar a descompensaciones, enfados, denuncias entre padres por empadronamientos aparentemente indebidos, impelidos por el propio modelo de “planificación”, que de hecho es de “mala planificación”.  

Para ser ecuánimes, cabe plantearse si esto pasa sólo en España o también sucede en otros países. Si comparamos con Inglaterra, vemos que el sistema de asignación de plazas no es demasiado diferente. En el Sistema Educativo Inglés existe una red de centros públicos laicos y una red de centros públicos religiosos. Los criterios de asignación de plazas (los puntos) los determina cada centro. Por poner un ejemplo, en una escuela pública religiosa, uno de los criterios básicos para la obtención de puntos en la asignación de plazas es estar bautizado. Si la criatura está bautizada, tiene unos puntos, si ha sido bautizada durante los primeros seis meses desde el nacimiento, más puntos. Ya se ve que este problema de la asignación de plazas escolares no es un problema menor para nadie. Y, si no, que se lo pregunten a los padres que para obtener puntos adicionales y garantizar la plaza en el colegio elegido, han llegado a empadronarse en un garaje alquilado, cercano al centro docente, durante un breve período de tiempo.

Para no llegar a estos extremos, una posible solución de tipo económico bastante definitiva, punto de encuentro y de acuerdo, y clave para la armonía entre la planificación necesaria y la libertad de elección de proyecto educativo, pasaría por realizar una reserva vinculante en la escuela que la familia haya elegido de acuerdo con su proyecto educativo seis años antes de la escolarización obligatoria; es decir, al nacer se inscriba a modo de empadronamiento escolar. Con tres, seis o doce años por delante, la planificación puede hacer posible la existencia de las plazas de acuerdo con la demanda para determinados proyectos educativos concretados en centros docentes: la libertad de elección de centro se podría garantizar casi totalmente. La reserva podría ser permanente y, en determinadas condiciones y por determinadas causas, se procedería al traslado de plaza (cambio de domicilio, modificación del proyecto educativo de la familia…). Se podría pasar entonces a turno de espera cuando el centro quedase pendiente de ampliación de la oferta por exceso de demanda, con los criterios convenientes que se establezcan. La puesta en marcha podría ser progresiva o inmediata. También se podría utilizar este mecanismo para la creación de nuevos centros docentes. A libertad de elección por la planificación equitativa. Ésta es la única solución posible para todas las opciones.

Con esta propuesta sería posible encontrar por primera vez un espacio posible de acuerdo –con muchas menos fricciones- entre planificación educativa y libertad de elección de centro docente, que pasa a ser libertad de elección de proyecto educativo familiar.

Los recursos se gestionarían mucho mejor, y se eliminaría sustancialmente la improvisación de los barracones, espacios multiusos, aulas polivalentes… Las matrículas no planificadas pasarían a la cola del sistema de asignación de plazas, y sería necesario que todo ello se realice de acuerdo con el principio de subsidiariedad. Para quienes no optasen por ninguna escuela en el momento del empadronamiento, podría utilizarse –por ejemplo- el criterio de asignación administrativa por proximidad al domicilio.

Con todo lo dicho, se subsanaría lo que la Juez del Caso Santpedor sentencia: “la oferta educativa debe ajustarse a la demanda, haciendo una prospección previa si es necesario, en lugar de ofertar unas plazas que luego no se pueden cubrir, como ocurre en el municipio de Santpedor, por razones que la demandada [la Generalitat] no debería despreciar”.

La solución de elegir proyecto educativo en centro educativo en el momento de  empadronar a la criatura, permitirá reducir al máximo el problema existente entre planificación y libertad de elección de proyecto educativo. La sentencia de Santpedor afirma respecto a los poderes públicos: “la opción religiosa y moral es básica cuando de educación se trata”. Y, por eso, no se puede despreciar “por razones tan prosaicas como la del respeto a unos cupos fijados en función no de la demanda real de los padres, sino de las preferencias de la administración educativa por un determinado modelo de escuela”.

Ciertamente, hay que organizar las plazas para asegurar la escolarización de todos los alumnos, pero el derecho superior de las familias con respecto a la orientación moral y religiosa de la enseñanza constituye un límite a la discrecionalidad de la autoridad educativa para distribuir a los alumnos en los distintos centros.

El mecanismo de empadronamiento escolar podría no ser distinto de los diferentes decretos de puntuación actuales existentes en los diferentes países, comunidades autónomas, etc. pero realizado con SEIS años de anticipación. Cruzar oferta de plazas y demanda de proyecto educativo en un centro docente concreto, permite lo que todos los economistas quisieran: eliminar la incertidumbre –ni más ni menos-. Eliminar, no una incógnita, sino LA INCÓGNITA: la elección.

Alguien puede aducir, en primer lugar, que, con el sistema de planificación actual, esta variable de elección –incógnita siempre molesta para el análisis económico- ya se ha eliminado, puesto que el estado ha establecido que sea él quien decida por todos y en todos los sitios. No aceptar que esto es lo que ocurre sería negar la realidad del problema, planteado con frecuencia en forma de litigios judiciales. La realidad contradice a quienes afirman que el sistema de planificación actual es el adecuado. Sólo intereses ocultos inconfesables podrían hacer entendible el planteamiento, aunque dicha postura no superaría en absoluto el test del tiempo.

Otros podrían afirmar que en este sistema el mecanismo planteado no sería posible, ya que esta elección puede cambiar y, por tanto, tampoco daría estabilidad a la planificación a tan largo plazo. Disponer de plazas de backup –como en la actualidad- es de cajón. El problema es determinar cuántas plazas de reserva, qué tipología deben tener estas plazas, hasta cuándo se deberían mantener estas plazas disponibles sin asignar, y en función de qué criterios se adjudicarían. Sugiero que esta eventualidad podría resolverse adecuadamente aplicando la conocida en estadística ley de Poisson. Aplicar este modelo será útil para la movilidad interna de los alumnos de un país a diferentes municipios y también resolvería –adecuadamente aplicado- la previsión de existencia de plazas escolares para los niños procedentes del exterior como la inmigración y reagrupamiento familiar.

Una posible aproximación al mecanismo de funcionamiento del Sistema de planificación de la elección de modelo educativo en la plaza escolar sería, como ya se ha dicho, establecer el momento en el que se produciría la elección: en el nacimiento. El sistema de asignación de plazas actual puntúa en función de las circunstancias que se hayan recogido por parte de la Administración. Esto no tiene  por qué cambiar. De hecho –y ésta es la gran novedad- este modelo de planificación sólo debe ocuparse de las EXCEPCIONES, y dispondría de CINCO años para darles el cauce adecuado.

 

La administración educativa podría aducir que en el sistema de planificación de la elección, los padres que no obtuvieran directamente la plaza solicitada al empadronarse podrían organizarse durante esos cinco años para luchar por la creación de su plaza hasta conseguirla. En el mecanismo actual de matriculación, en el que este proceso empieza en marzo-abril y termina “el problema” en abril-mayo, la lucha de los padres dura muy poco y la resignación es la tónica habitual. Efectivamente, cabe preguntarse por qué a la administración no se le ha “ocurrido” adelantar el proceso de matriculación a septiembre (6 meses antes de lo actual). La respuesta es que la Administración de la Comunidad autónoma prefiere derivar la tensión del proceso de inscripción a los centros educativos, o incluso a los municipios, antes de permitir que la que quede en entredicho sea la propia administración autonómica. Claramente, mientras los agentes afectados por el sistema educativo “permanezcan adormecidos”, la tensión se sitúa en las relaciones de los padres entre sí –los que han obtenido plaza versus los que no han obtenido plaza-, y entre los padres sin plaza elegida y el centro educativo, o la propia oficina de matriculación municipal. En muy contadas ocasiones el conflicto llega a la administración autonómica. ¿Por qué no se ha decidido –en el modelo de oferta vigente- a avanzar el proceso de matriculación al mes de septiembre? No se ha adelantado el proceso de inscripción al mes de septiembre porque ahora se reduce la tensión a quince días, y también porque quedarían mucho más en evidencia las grandes lagunas de la administración educativa. Evidentemente la razón –políticamente pasable- que aducirá la administración cuestionada será que a tantos meses vista hay gran incertidumbre sobre si la población está estabilizada y no habrá sorpresas de última hora (inmigrantes, traslados de domicilio, etc.).  Argumentará que este anticipo se podría realizar en poblaciones estables, ya que no existiría este problema; pero en poblaciones fluctuantes, atendiendo a los datos de la inmigración de los últimos años, avalaría la prudencia de esperar hasta el último momento. A mi entender, si se analiza detenidamente este argumento, se puede observar la falacia que contiene: una cuestión es la matrícula inicial y otra muy distinta es la movilidad y vaivenes de la población escolar. Efectivamente, es muy necesario distinguir las incertidumbres que se producen y circunscribirlas al ámbito que le son propias. En el caso de la matrícula, está en juego conjugar adecuadamente la planificación, en función de la elección, y, en el otro caso, está en juego la escolarización, con todos los problemas de integración que se pueden derivar. Esto deberá tratarse desde otros puntos de vista. Si se mezclan problemas, se confunde el análisis y, por tanto, se yerra en el diagnóstico y probablemente también en la solución propuesta.

 

Por lo dicho, plantear una cuestión tan evidente como cruzar oferta y demanda, con la antelación suficiente que permita margen de maniobra al Sistema Educativo para replantear la oferta, haría posible superar estas reticencias de la administración –en su actual modelo de oferta educativa preestablecida- a adelantar 6 meses la inscripción, pues dispondría de un margen para actuar de cinco años.

 

En cuanto al futuro, las excepciones se pueden tratar de dos modos:

 

El primer modo hace referencia a los alumnos que no han podido entrar en las listas de reserva de plaza en uno de los grupos existentes del centro educativo elegido. En este caso el alumno podría permanecer en alguna de las siguientes dos situaciones:

 

  1. Entrar en la lista de “nueva aula” en el centro elegido. La decisión de crear una nueva aula sería del titular del centro educativo, que podría proceder a la creación de nueva oferta en coordinación con la administración. Si el centro –en un tiempo de deliberación corto- decide no crear una nueva aula, ni una nueva extensión, el alumno podría pasar a otra situación dentro de las listas del centro docente: Quedar en situación de expectativa de plaza por movilidad de algún alumno por determinadas circunstancias, o liberación de plazas reservadas por la administración para determinadas circunstancias.

 

  1. Seleccionar un nuevo centro educativo de entre las plazas disponibles, ya sea de un aula existente, ya sea de un aula en proceso de creación

 

El segundo modo hace referencia a la administración. La creación, ampliación y supresión de centros docentes, líneas y aulas en función de la demanda es la clave. Opto siempre por un modelo de planificación transparente a la comunidad educativa. La planificación escolar debería funcionar con un sistema de inscripción de matrícula viva, siempre planteando de forma visible en todo momento las plazas disponibles de los centros docentes a toda la comunidad educativa, así como las previsiones de crecimiento, creación y reducción de centros docentes.

 

En resumidas cuentas, se trataría de pasar de un modelo de elección de lo planificado a la planificación de lo elegido. Parece un juego de palabras, pero la diferencia es substancial. Mientras en la elección de la planificación educativa se elige dentro de lo que se ha prediseñado, algunas veces con intencionalidad, en la planificación educativa de la elección, lo elegido se planificará para hacer realidad los diferentes proyectos educativos de las familias. Se podría incluso plantear si lo que se debe elegir es el sistema educativo entendido como modelo educativo, pero complicaría el análisis para un articulo necesariamente breve. Como conclusión, la planificación eficiente es una obligación improrrogable de todos y concretamente, la administración es la principal responsable de dicha eficiencia.

 






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