dijous 29 de gener de 2009

 

La planificación equitativa en educación, garantía de libertad de elección.

En el estado español hay un único sistema educativo susceptible de gratuidad, pero en la sociedad existen diferentes proyectos educativos para nuestros hijos e hijas.

Existe el proyecto educativo de la familia -del que nadie habla y del que probablemente pocos titulares del derecho tengan conciencia-: es el primero y básico.

Existe un proyecto educativo del centro docente, cada vez más desdibujado y condicionado por las administraciones públicas (municipios, comunidades autónomas y el propio estado).

Existe el proyecto educativo de las propias administraciones públicas. Son estos proyectos educativos institucionales los que en este momento se imponen a la sociedad mediante dos mecanismos primarios: la planificación escolar y la ordenación curricular. El estado condiciona y conduce el sistema, legislando, ordenando e inspeccionando el 100% del sistema educativo español. Las administraciones públicas son también empresarios públicos del 80% de los centros docentes, y además intervienen mediante actuaciones diversas –directas o indirectas- en la mayoría de los centros privados.

El razonamiento de la gran mayoría de gobernantes es grosso modo éste: tengo un instrumento para moldear al futuro ciudadano; todos deben pasar por este molde; luego utilizo el mecanismo para mis intereses, procurando que nada ni nadie quede fuera de mi radio de acción y que parezca que es plural y democrático: “conseguir el efecto sin que se note el cuidado”[1].

La planificación de las plazas escolares en algunas comunidades autónomas no ha evolucionado ni se ha adaptado a los nuevos tiempos. ¿Acaso el estado gestiona peor? Opino que no. El problema principal es que no evolucionar la técnica de planificación probablemente le permite imponer su proyecto educativo a las familias en el territorio donde ejerce. 

En cualquier caso, el proyecto educativo pertenece a la familia y no debería ser propiedad del centro docente, y, todavía menos, del estado. En función del proyecto educativo de la familia para los hijos e hijas, se busca la escuela que pueda proporcionar los mecanismos más apropiados para llevar a término este proyecto educativo, procurando encontrar aquélla que tenga un proyecto similar al que se quiere para su educación completa como persona y miembro de una sociedad. El problema está en que los gobernantes tienen su propio proyecto educativo para los hijos e hijas de su nación -como si los niños y niñas fueran del estado-: aquí está el conflicto que se debe superar.

Sin ir más lejos, recientemente, un juzgado de Barcelona falló a favor de unos padres que demandaron a la Generalitat de Cataluña por impedirles ejercer el derecho a escoger el tipo de educación que deseaban para su hija. Ellos querían llevarla al colegio concertado Llissach, de Santpedor (Barcelona), con cuyo proyecto educativo se identifican, pero la administración educativa, alegando razones “materiales y presupuestarias”, inscribió a la niña en un centro público de reciente creación, donde estuvo todo el curso pasado. La sentencia recoge que debía prevalecer la elección de los padres, y ordenó escolarizar a la pequeña en la escuela deseada por sus padres.

Los argumentos de la administración educativa se centraban en la legitimidad de negar la elección de escuela por necesidades de la planificación escolar. En este caso, las razones de la administración eran que en dicho municipio había plazas públicas libres, y mientras no se cubrieran las plazas públicas no quería ampliar la oferta de plazas en centros concertados. (Cfr. Sentencia 247  de 10 de septiembre de 2008 del Juzgado Contencioso-administrativo número 8 de Barcelona).

Viene a mi memoria una conversación que tuve con el que fuera Consejero de Educación de una CA, en la que me decía que tenían el objetivo político de reducir el peso de la escuela concertada -que entonces constituía más del 40% del total- al 25% para dicha CA. La posición de la administración pública actual –y la de la pasada también, por desidia- en España es la siguiente: se deben planificar los recursos para no despilfarrar, y si quedase una plaza vacante en la escuela de titularidad pública, ésta se debería asignar a alguien antes de destinar recursos adicionales para nuevas plazas escolares concertadas. Otra posición legítima posible sería dar prioridad a la libertad; que la planificación no pase por delante de la elección de proyecto educativo y consecuentemente del centro docente: el método no puede suplantar al objetivo.

El fallo judicial estableció que los criterios de organización no pueden prevalecer sobre lo que dispone el art. 27.3 de la Constitución Española (CE): “Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. Ciertamente, precisa la juez, María Rosa Gutés, ese derecho no es el de la libre elección de centro, que no está garantizada por la CE. Ahora bien, continúa, “para que la imposición a los padres de un centro distinto al elegido no vulnere el art. 27 de la CE, es preciso que el centro impuesto garantice una formación equivalente a la que habían elegido”. Y eso no ocurre con el colegio público en cuestión, porque no tiene un proyecto educativo conforme con las convicciones de los padres demandantes.

De todas formas, esta sentencia judicial no zanja en absoluto la cuestión, ya que la sentencia habla de cuestiones de organización, cuando la Constitución Española en el mismo apartado de derechos fundamentales al que alude dicha sentencia, en su art. 27.5 afirma que “los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes”.

 

Sistema de asignación de plazas

El estado o la comunidad autónoma establece sistemas de puntos en función de diferentes parámetros: proximidad de la vivienda al centro escolar (como criterio principal), presencia de hermanos en el centro, y dependiendo de las comunidades autónomas, una variedad y casuística bastante amplia. Es la Administración la que adjudica las plazas disponibles, coincidiendo el momento de la matrícula prácticamente con el inicio de curso. Generalmente, una considerable improvisación conduce este proceso, dando lugar a descompensaciones, enfados, denuncias entre padres por empadronamientos aparentemente indebidos, impelidos por el propio modelo de “planificación”, que de hecho es de “mala planificación”.  

Para ser ecuánimes, cabe plantearse si esto pasa sólo en España o también sucede en otros países. Si comparamos con Inglaterra, vemos que el sistema de asignación de plazas no es demasiado diferente. En el Sistema Educativo Inglés existe una red de centros públicos laicos y una red de centros públicos religiosos. Los criterios de asignación de plazas (los puntos) los determina cada centro. Por poner un ejemplo, en una escuela pública religiosa, uno de los criterios básicos para la obtención de puntos en la asignación de plazas es estar bautizado. Si la criatura está bautizada, tiene unos puntos, si ha sido bautizada durante los primeros seis meses desde el nacimiento, más puntos. Ya se ve que este problema de la asignación de plazas escolares no es un problema menor para nadie. Y, si no, que se lo pregunten a los padres que para obtener puntos adicionales y garantizar la plaza en el colegio elegido, han llegado a empadronarse en un garaje alquilado, cercano al centro docente, durante un breve período de tiempo.

Para no llegar a estos extremos, una posible solución de tipo económico bastante definitiva, punto de encuentro y de acuerdo, y clave para la armonía entre la planificación necesaria y la libertad de elección de proyecto educativo, pasaría por realizar una reserva vinculante en la escuela que la familia haya elegido de acuerdo con su proyecto educativo seis años antes de la escolarización obligatoria; es decir, al nacer se inscriba a modo de empadronamiento escolar. Con tres, seis o doce años por delante, la planificación puede hacer posible la existencia de las plazas de acuerdo con la demanda para determinados proyectos educativos concretados en centros docentes: la libertad de elección de centro se podría garantizar casi totalmente. La reserva podría ser permanente y, en determinadas condiciones y por determinadas causas, se procedería al traslado de plaza (cambio de domicilio, modificación del proyecto educativo de la familia…). Se podría pasar entonces a turno de espera cuando el centro quedase pendiente de ampliación de la oferta por exceso de demanda, con los criterios convenientes que se establezcan. La puesta en marcha podría ser progresiva o inmediata. También se podría utilizar este mecanismo para la creación de nuevos centros docentes. A libertad de elección por la planificación equitativa. Ésta es la única solución posible para todas las opciones.

Con esta propuesta sería posible encontrar por primera vez un espacio posible de acuerdo –con muchas menos fricciones- entre planificación educativa y libertad de elección de centro docente, que pasa a ser libertad de elección de proyecto educativo familiar.

Los recursos se gestionarían mucho mejor, y se eliminaría sustancialmente la improvisación de los barracones, espacios multiusos, aulas polivalentes… Las matrículas no planificadas pasarían a la cola del sistema de asignación de plazas, y sería necesario que todo ello se realice de acuerdo con el principio de subsidiariedad. Para quienes no optasen por ninguna escuela en el momento del empadronamiento, podría utilizarse –por ejemplo- el criterio de asignación administrativa por proximidad al domicilio.

Con todo lo dicho, se subsanaría lo que la Juez del Caso Santpedor sentencia: “la oferta educativa debe ajustarse a la demanda, haciendo una prospección previa si es necesario, en lugar de ofertar unas plazas que luego no se pueden cubrir, como ocurre en el municipio de Santpedor, por razones que la demandada [la Generalitat] no debería despreciar”.

La solución de elegir proyecto educativo o centro docente en el momento de  empadronar a la criatura, permitirá reducir al máximo el problema existente entre planificación y libertad de elección de proyecto educativo. La sentencia de Santpedor afirma respecto a los poderes públicos: “la opción religiosa y moral es básica cuando de educación se trata”. Y, por eso, no se puede despreciar “por razones tan prosaicas como la del respeto a unos cupos fijados en función no de la demanda real de los padres, sino de las preferencias de la administración educativa por un determinado modelo de escuela”.

Ciertamente, hay que organizar las plazas para asegurar la escolarización de todos los alumnos, pero el derecho superior de las familias con respecto a la orientación moral y religiosa de la enseñanza constituye un límite a la discrecionalidad de la autoridad educativa para distribuirlos en los distintos centros.



[1] Felipe V, 1717: 'Carta del Rey a los Corregidores'






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